31/05/2018 10:29:01 AM | Por: Gerardo Pajares

Alerta Legal

Mediante Resolución SMV N°073-2018 de fecha 31/05/2018 se han aprobado modificaciones a las Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, emitidas mediante Resolución CONASEV 033-2011.

Se ha establecido que cuando el sujeto obligado forme parte de un grupo económico además de políticas y procedimientos para el intercambio de información dentro del grupo , deberá incluir también políticas y procedimientos para la adecuada protección, confidencialidad y uso de dicha información (Artículo 3.5).
Se ha precisado que en el caso de que el sujeto obligado tenga sucursales o filiales extranjeras de propiedad mayoritaria, deberá asegurarse que éstas apliquen medidas de prevención de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, similares a las exigidas en el Perú y acordes a los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI. En caso que la normativa local del país de la filial o sucursal, impida cumplir apropiadamente con las medidas de prevención del LA/FT definidas por la SMV, los sujetos obligados deberán remitir un informe a la SMV sobre: i) las limitaciones presentadas que contenga el sustento legal del impedimento de su aplicación y ii) las medidas que se adoptarán para manejar los riesgos de LA/FT.” El informe deberá ser actualizado anualmente y estar a disposición de la SMV. (Artículo 3.5).
Se establece que el Código de Conducta, y el Manual PLAFT (incluyendo sus modificaciones), luego de aprobados por el Directorio del sujeto obligado solamente deberán estar a disposición de la SMV y de la UIF-Perú, cuando así lo requieran. Ya no resulta necesario que sean remitidos a la SMV dentro de los 15 días de su aprobación (Artículos 4.2 y 16.3).
Sobre la aplicación de la debida diligencia en el caso de personas naturales regulada se ha modificado el inciso f) del artículo 7.2 para precisar que se deberán identificar “señas particulares e identificación de los representantes, considerando la información requerida en el caso de personas naturales; así como verificar los poderes correspondientes”. Asimismo, sobre la información requerida en el caso de personas naturales identificadas como PEP, se requerirá también la relación de personas jurídicas o entes jurídicos donde el PEP mantenga una participación igual o superior al 25% de su capital social, aporte o participación”. (Artículo 7.2)
Sobre el proceso de debida diligencia en el conocimiento del cliente (identificación, verificación y monitoreo) se ha regulado como se deberá dar la realización de dichas etapas. Según se detalla a continuación:

a) Etapa de identificación. - consiste en desarrollar e implementar procedimientos para obtener la información que permita determinar la identidad de un cliente o beneficiario final.

b) Etapa de verificación. - implica la aplicación de procedimientos de verificación de la información brindada o proporcionada antes de iniciar la relación contractual con los clientes y, de ser el caso, de su beneficiario final, con el objetivo de asegurarse que han sido debidamente identificados, debiendo dejar constancia de ello en su legajo.

c) Etapa de monitoreo. - tiene por propósito asegurar que las operaciones que realizan sus clientes sean compatibles con lo establecido en su perfil. Asimismo, el monitoreo permite reforzar y reafirmar el conocimiento que posee el sujeto obligado sobre sus clientes, así como obtener mayor información cuando se tenga dudas sobre la veracidad o actualidad de los datos proporcionados por los clientes. La frecuencia del monitoreo se realizará considerando los riesgos de LA/FT que enfrentan. (Artículo 7.3)

Sobre la etapa de verificación se ha establecido que cuando excepcionalmente resulte necesario iniciar la relación comercial antes de la verificación para no interrumpir el curso normal de esta, el sujeto obligado puede verificar la identidad del cliente luego o durante el curso de la relación contractual, siempre que el sujeto obligado haya adoptado procedimientos de gestión de riesgos de LA/FT para determinar las condiciones bajo las cuales un cliente podría utilizar los servicios y/o productos del sujeto obligado con anterioridad a la verificación, y los plazos aplicables para realizarla. (Artículo 7.3)
Sobre la auditoria interna se ha precisado que cuando los sujetos obligados no cuenten con una Auditoría Interna, pero que de acuerdo con las disposiciones emitidas por la SMV tengan un funcionario u órgano que ejerza las atribuciones y responsabilidades: i) respecto del control interno del sujeto obligado, o ii) del cumplimiento de sus normas internas de conducta, o iii) de la administración de los patrimonios autónomos bajo su administración, deberán cumplir con las funciones establecidas en la Ley, el Reglamento y la presente norma, referidas a la Auditoría Interna a través de dichos funcionarios u órganos. (Artículo 30.2)
Sobre los programas de capacitación que se deben realizar (de acuerdo a sus funciones) a los directores, gerentes y trabajadores, se han incorporado los temas a tratar. (Artículo 5)

a) Definición de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

b) Políticas de los sujetos obligados sobre el modelo de prevención y gestión de los riesgos de LA/FT.

c) Riesgos de LA/FT a los que se encuentra expuesto el sujeto obligado.

d) Normativa externa vigente.

e) Tipologías de LA/FT, así como las detectadas en el sujeto obligado o en otras empresas o en otros sujetos obligados.

f) Normas internas del sujeto obligado.

g) Señales de alertas para detectar operaciones inusuales y sospechosas.

h) Procedimiento de comunicación de operaciones inusuales.

i) Responsabilidad de cada director, gerente y trabajador, según corresponda, respecto de esta materia.

j) Otros aspectos establecidos por SMV.

En lo referido a la aplicación de la debida diligencia respecto a su cliente, se ha establecido que los sujetos obligados deben también mantener actualizados los documentos, datos e información recopilada en virtud de un proceso de debida diligencia del cliente, mediante la revisión de los registros existentes, en especial en los casos de clientes incluidos en las categorías de alto riesgo. (Artículo 7.1)
Se ha establecido que cuando por causas no imputables al sujeto obligado, éste no pueda cumplir con las medidas de debida diligencia en el conocimiento del cliente, deberá proceder de la siguiente manera: i) no iniciar relaciones comerciales, no efectuar la operación y/o terminar la relación comercial iniciada; y/o ii) evaluar si corresponde efectuar un reporte de operaciones sospechosas (ROS) con relación al cliente. Excepcionalmente, en caso el sujeto obligado tenga indicios razonables de actividades de LA/FT por parte de algún cliente, y considere que el efectuar acciones de debida diligencia alertaría a éste, debe emitir un reporte de operación sospechosa (ROS) a la UIF-Perú sin efectuar dichas acciones. Estos casos deben encontrarse debidamente fundamentados y documentados. (Artículo 7.8)
Se ha establecido que en el desarrollo de las actividades vinculadas con los servicios de corresponsalías transfronterizas, transferencias electrónicas, nuevos productos y/o cambio en el producto existente y/o prácticas comerciales o en el uso de nuevas tecnologías de los sujetos obligados, además de las medidas de debida diligencia establecidas en las presentes normas, debe realizar una debida diligencia acorde a la mayor exposición de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que estos productos, prácticas y usos representan. En ese sentido, se han regulado detenidamente las i) Corresponsalías Transfronterizas, la transferencias electrónicas y el lanzamiento de nuevos productos y/o cambio en el producto existente, práctica comercial y uso de nuevas tecnologías, incluyendo obligaciones adicionales al Oficial de Cumplimiento, como la elaboración de un informe técnico, el cual deberá ser puesto a disposición del Directorio o el Gerente General, para su consideración y decisión sobre el lanzamiento del nuevo producto y/o cambio en el producto existente, práctica comercial y uso de la nueva tecnología, así como de la aprobación de las políticas, controles y procedimientos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo que pudieran corresponder. (Artículo 7.9)
Los sujetos obligados deberán desarrollar procedimientos de debida diligencia durante la selección de los proveedores, considerando en dicha categoría a las empresas con las que se contrata la prestación de bienes o servicios que se encuentran relacionados directamente con el desarrollo de la actividad por la cual son objeto de supervisión y/o regulación por parte de la SMV. (Artículo 36)
A través del Anexo V de las Normas PLAFT se ha desarrollado la lista de funciones y cargos ocupados por PEP en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo. (Anexo V)
La presentación del informe a la SMV por parte de los sujetos obligados a que se refiere el último párrafo del inciso 3.5 del artículo 3° de las Normas deberá producirse a más tardar el 31 de diciembre de 2018.

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